Un sector que necesita certezas para trabajar

Un sector que necesita certezas para trabajar

La industria argentina, que produce para el mercado local y además para la exportación, demanda bienes, piezas e insumos importados que no están ingresando con la fluidez y la previsibilidad necesarias. Esa incertidumbre condiciona decisiones empresarias y la capacidad de respuesta a la incipiente recuperación de la economía. Dirigentes de siete cámaras y entidades alertan en estas páginas sobre el impacto que la administración de las licencias no automáticas está teniendo sobre la actividad. Piden también la apertura de canales de diálogo que permitan corregir errores y prevenir efectos no deseados.

Hace ya una década, el comercio exterior argentino totalizaba 156.941,8 millones de dólares, el punto más alto de su historia, con exportaciones por 82.981,1 millones —una cifra también récord— e importaciones por 73.960,7 millones. A partir de 2012, las ventas externas comenzaban una lenta caída, sin solución de continuidad a la vista, mientras las importaciones iban acomodándose a las intermitencias de la economía y de las políticas comerciales. Tras las subas de 2017 y 2018 —con el consecuente déficit en la balanza, por primera vez en dos décadas—, las compras externas cayeron fuertemente en 2019 y todavía más en 2020, ya bajo los efectos de la pandemia. El saldo de 12.528,0 millones de dólares se encuentra 38,9% por encima del alcanzado en aquel 2011, pero en el marco de una contracción de la actividad casi simétricamente inversa: -38,0%.

A lo largo de 2020, a tono con el fenómeno inédito que sacudía al conjunto del planeta, las exportaciones registraron una contracción de 15,7%, que se ubica casi en el doble para las manufacturas industriales (-30,7%), destinadas en buena medida a los países de la región. En tanto, las importaciones disminuyeron 13,8% en promedio, con tasas más altas para rubros como combustibles y lubricantes (-40,6%), automóviles (-31,7%) y piezas para bienes de capital (-25,0%). Por su parte, los números del primer bimestre de este año marcan un incremento de las ventas (8,2%) inferior al de las compras (12,3%) respecto de los valores deprimidos de igual período de 2020. Arrojan también un saldo de 2.131 millones de dólares, probablemente más cercano a los objetivos oficiales que las magras diferencias que venía exhibiendo la balanza desde septiembre pasado.

Con exportaciones muy concentradas en un número relativamente bajo de empresas y en unos pocos bienes, con preponderancia de los graneles agrícolas y minerales, el tono del comercio exterior argentino suele estar dado por las importaciones, sujetas desde siempre a controversias en el marco de la llamada restricción externa. Bajo ese nombre, se encuentra la dificultad para mantener un crecimiento sostenido —demandante de bienes, insumos y piezas no producidos en el país— en una economía signada por la escasez crónica de dólares, el peso de esa divisa en las decisiones de los actores y las crisis no menos recurrentes de la balanza de pagos. Así, los gobiernos suelen acudir a herramientas que restringen, dilatan o disuaden las compras externas, entre ellas, las licencias no automáticas de importación (LNA), previstas en los acuerdos fundacionales de la OMC y aplicadas en diferentes oportunidades. Como ocurre a menudo con los medicamentos, la receta puede tener también efectos adversos.

Desde el dictado de la Resolución 523, en julio de 2017, el universo de las LNA ha experimentado sucesivas modificaciones y ampliaciones que lo convierten en un intrincado rompecabezas. Hoy por hoy, incluye 1448 posiciones arancelarias NCM, de las que cerca de la mitad se concentra en la sección XI del nomenclador, donde se ubican las materias textiles y sus manufacturas, y algo más de una quinta parte en la XVI, que comprende un conjunto muy diverso de máquinas y aparatos, mecánicos, eléctricos y electrónicos (ver recuadro). En cualquier caso, el problema no pasa por la magnitud relativa del listado —que se incrementa notoriamente cuando se consideran las aperturas SIM—, sino por la incertidumbre en torno a la resolución de las tramitaciones, que condiciona el ingreso de bienes intermedios, insumos y piezas para procesos productivos y pone entre paréntesis la continuidad de una serie de servicios, aduaneros, de transporte, logísticos y comerciales, que ocupan a decenas de miles de personas.

Antes de que se desatara la pandemia, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, habían anticipado que el nuevo gobierno llevaría adelante una política de administración del comercio. En declaraciones formuladas a mediados de marzo, ambos minimizaron las dificultades con las LNA y las atribuyeron a desajustes provocados fundamentalmente por la recuperación de la actividad industrial. El ministro anticipó incluso que habrá un escenario más holgado que el año pasado en cuanto a la disponibilidad de dólares para esas compras externas.

El pulso del sector es otro, según surge de las consultas de esta revista con directivos de una serie de entidades. Al igual que sus pares, Enrique Loizzo, presidente del Centro Despachantes de Aduana (CDA), señala que las importaciones incluidas en el régimen de licencias automáticas están ingresando con normalidad, incluso en plazos más ágiles. El problema está centrado en las LNA. “Entre todos los despachantes, que atendemos diferentes rubros, el comentario cotidiano es que no salen”, grafica. Subraya también que a muchos importadores, pequeños en términos relativos, ya les han anticipado que verán fuertemente disminuido el cupo para sus compras externas.

“Entiendo que hay una necesidad de cuidar la industria nacional. Todos los países lo hacen. El punto es que nosotros no producimos todo lo que necesitamos. Los insumos, los bienes intermedios, salen, pero hay demora. Hay falta de previsibilidad. Y, además, el que importa no es un operador que hace lo que no debe, sino que comercializa un producto y también genera puestos de trabajo. Entonces, todas estas incertidumbres hacen que no sepa qué hacer ni cómo va a trabajar durante el año”, dice Loizzo y añade: “Eso, obviamente, repercute automáticamente en nuestros estudios aduaneros, porque no sabemos con qué volumen vamos a manejarnos. Nosotros tenemos un parámetro para saber cómo se mueve el trabajo, que son los pedidos de autorizaciones, de SIMI (Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones) que generan los importadores. Y la verdad es que la pila no aumenta, sino que baja cada vez más”.

El establecimiento de LNA es una facultad reconocida por la OMC y contemplada en la ley 24.425, por la que la Argentina aprueba el acuerdo de Marrakech, las decisiones consensuadas en la Ronda Uruguay del GATT y una serie de acuerdos multilaterales vinculados, entre otros aspectos, al comercio de mercancías y de servicios. Uno de ellos se refiere, precisamente, al trámite de las licencias de importación. En su artículo 3, que habla específicamente de las LNA, se establece que el plazo para esa gestión no será superior a 30 días si las solicitudes se examinan a medida que ingresan o a 60 si todas ellas son consideradas simultáneamente.

Para Rubén García, titular de la Cámara de Importadores (CIRA), la situación es por lo menos problemática y la obtención de las LNA equivale a menudo a un “vía crucis”, porque la Dirección de Gestión Comercial Externa, encargada de tramitarlas, “no responde los llamados telefónicos ni los mails que se le envían”. Advierte que a eso hay que sumarle las restricciones para el giro de divisas y se pregunta “cómo se administra el comercio si se le niegan al recurrente las licencias para productos que no se producen en el país”. En este sentido, comenta que la Cámara nunca mantuvo una reunión con el ministro Kulfas, aunque sí ha tenido varios encuentros con el secretario Schale, pero le preocupa que haya que recurrir a esas instancias para destrabar gestiones operativas.

García agrega que varias empresas presentaron planes de importación para este año, pero no recibieron respuesta. Y cuando ello ocurrió, las previsiones no se cumplieron. Tras enfatizar que cerca de 80% de las compras externas está destinado a bienes demandados por la industria, resalta que muchas de ellas están realizando ahora tareas de mantenimiento para evitar despidos, a la espera de reactivar su producción.

Jorge Alberto Pereira, presidente de la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI), conoce esa preocupación y confirma que el volumen de las importaciones se contrajo, aunque el impacto en su caso es diferente. Como el resto de los referentes, sabe que la escasez de divisas plantea un escenario difícil: alude, por ejemplo, a la situación que se genera cuando una mercadería queda demorada en el puerto o en Ezeiza, con los consiguientes sobrecostos, que en última instancia pagan los consumidores. “Esperemos que se pueda mejorar, que las exportaciones aumenten, que ingresen dólares y que con eso se pueda importar”, plantea, pero observa un cierto estancamiento en este terreno, por fuera de los despachos tradicionales de la Argentina.

Con todo, expresa un moderado optimismo respecto de la evolución del comercio internacional. “Estimo que a fines de 2021, principios de 2022, empezará la nueva normalidad”, arriesga Pereira. Entretanto, dice que en el plano estrictamente operativo no hay dificultades y que incluso se viene avanzando con la Aduana en varios planos, para que varias gestiones que antes demandaban la presencia física se realicen íntegramente por sistema, como sucede con la llamada “carpeta rosa”, que incluye toda la documentación necesaria para desconsolidar un contenedor. “Todavía no funciona con la fluidez que nos gustaría, pero es un paso muy importante para nuestra actividad, que va a ahorrar tiempos y a hacer más confiables los plazos”, asegura.

En respuesta a la consulta de esta revista, Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), hace hincapié en el grado de avance del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, ratificado por la Argentina en enero de 2018. Al respecto, señala que aún no se ha concretado la conformación del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, prevista en el artículo 23.2 del AFC y planteada como una prioridad por parte del sector privado en el Consejo Publico Privado de Promoción de las Exportaciones de Cancillería.

Sobre la base de los parámetros establecidos por el programa Mercator de la Organización Mundial de Aduanas, observa que la tendencia positiva que venía registrándose en materia de tiempos requeridos para el despacho de mercaderías o desaduanamiento se vio afectada por la pandemia. En tanto, destacó los avances producidos en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), donde aún hay atrasos si la compara con la media mundial, y en el programa de Operador Económico Autorizado (OEA), donde subsisten problemas de coordinación normativa y en los acuerdos de reconocimiento mutuo. Finalmente, Mantilla reconoce la actitud positiva de la Aduana para canalizar el diálogo con el sector privado.

Loizzo coincide con García en que las restricciones cambiarias y el endurecimiento de las exigencias de los bancos complican aún más las operaciones. “No sabemos dónde estamos parados y eso no es bueno para el sector, que junto con la aduana hizo un esfuerzo sobrehumano para mantener la economía en funcionamiento durante la pandemia”, dice el titular del CDA y enfatiza: “Quiere decir que no somos el problema. Si el Estado considera que la única manera de cuidar los dólares es cerrarlo, creo que vamos a estar en un problema serio. Insisto: todos los países protegen, no cabe ninguna duda; las potencias lo hacen, lo hemos visto en el marco del acuerdo Unión Europea – Mercosur. Y no creo que esté mal. El tema es cómo se hace, porque si cerramos todo se caerán muchísimos actividades, incluidas todas las vinculadas al comercio exterior”.

Dice que la Argentina tiene antecedentes en esta materia, como las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), que “venían a cumplir, con otro nombre, el mismo rol que ahora tienen las LNA, y no funcionaron”. Advierte también que, como entonces, algunos importadores están empezando a recurrir a los amparos judiciales y que algunas reclamaciones pueden terminar en la OMC.

Por su parte, Andrés Traverso, jefe del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), le pone algunos números al balance a partir de los resultados de una reciente encuesta realizada por la entidad en conjunto con las cámaras de comercio exterior de todo el país. Entre los factores que desalientan las exportaciones, las empresas mencionan en primer término las restricciones, los mayores costos de la logística y la caída de la demanda. En un segundo lugar, ubican al régimen cambiario actual y al tipo de cambio, sumados a la “dificultad en el abastecimiento de insumos para la producción de la mercadería a exportar, debido a los retrasos en el otorgamiento de las autorizaciones y los permisos para importarlos”. Por el lado de las importaciones, en tanto, los retrasos en la aprobación de las LNA ocupan el primer lugar, junto a la normativa cambiaria y a los costos logísticos.

En cuanto a las proyecciones para el primer semestre, el relevamiento indica que 46% de las empresas estima que sus operaciones de comercio internacional se mantendrán en el mismo nivel, 31% cree que mejorarán y 23%, que empeorarán. Por último, reseña las principales demandas con vistas a mejorar la competitividad: medidas que faciliten el comercio, reducción de impuestos, sobre todo de los derechos de exportación, y políticas cambiarias claras. Traverso destaca que 75% de las consultadas son pymes que elaboran productos industriales o alimentos.

“Nuestra entidad siempre apoyo la administración del Comercio Exterior, y todas las medidas que contribuyeran a la sustitución de importaciones; así mismo, promovemos las exportaciones de bienes con mayor valor agregado y trabajamos para que más pymes se incorporen a exportarlos; pero hoy estamos preocupados porque existe un grave atraso en la autorización de SIMIs, y esto provocará demoras y atrasos en la manufactura de bienes, que en el caso de ser para exportación, pueden hacer perder los mercados a nuestras empresas”. El texto es parte de un comunicado difundido el 23 de marzo por la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), que describe las dificultades —en algunos casos, paradójicas— suscitadas por las demoras en el otorgamiento de las LNA.

“Entendemos que la situación del sector externo es grave y que la actual Administración se encontró con muy pocas reservas en el Banco Central, producto de la gestión del gobierno anterior; sin embargo, creemos que si crecen las exportaciones y se negocian las deudas en forma conveniente esta situación se irá resolviendo. Pero para ello es de imperiosa necesidad que el otorgamiento de SIMIs se agilice, priorizando las necesidades de producción y buscando una eficaz solución a los desajustes en la tramitación, que, por carecer de interlocutores y canales administrativos adecuados, se transforman en verdaderas trabas a la producción de nuestras pymes”, sostiene AIERA.

Su vicepresidente, Juan Carlos Pereyra, expresa su preocupación por la persistencia en el tiempo de esas restricciones, que provocan desabastecimiento y obligan a parar líneas de producción. En diálogo con Comercio Exterior, reconoce que “hay una preocupación de las autoridades por mejorar la situación”, pero también que “las empresas están muy temerosas de asumir compromisos cuando en la práctica ven que no hay una respuesta ágil”. Apunta que las demoras en el otorgamiento de las LNA suman así un nuevo escollo a la gestión cotidiana de las pymes, que deben hacer frente también a las mayores exigencias del Banco Central para el giro de divisas, aunque aclara que la entidad considera “perfectamente aceptable” ese requerimiento.

Aunque hay casos muy diversos, la percepción de AIERA es que hay una mayor flexibilidad cuando se trata de materias primas para la producción: “con demora, pero poco a poco van obteniendo una licencia”, dice Pereyra. En cambio, el criterio parece ser más restrictivo en lo que respecto a bienes terminados. Luego de reafirmar el carácter constructivo de la crítica realizada por la entidad, explica: “Estamos de acuerdo con la necesidad de un control de las divisas, pero tiene que ser un control inteligente para no caer en situaciones paradojales”.

“Muchas empresas argentinas que quieren exportar y otras que producen para el mercado local están teniendo problemas con la operativa de las LNA”, confirma José Luis Lopetegui, secretario de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y agrega que la situación se agrava porque “no hay forma de tener un diálogo con la gente que decide”. Las empresas, dice Lopetegui, siguen el procedimiento establecido, pero “no hay forma de que le contesten por qué la LNA está observada, por cuánto tiempo va a estarlo y si algún día van a otorgársela”.

“Sabemos que hay pocos dólares porque se exporta poco, pero además en la mayoría de los casos nos encontramos con un silencio del lado del Gobierno. Hay gente a la que la han llamado y le dicen que le van a dar 25% de lo que importó el año pasado, que fue casi nada. Es una angustia y una traba importante para poner en marcha el aparato productivo. Hay un poco de trabajo, hay pedidos, pero no hay mercaderías intermedias como para producir, porque no salen las LNA”, resume el directivo de CAME, que se muestra escéptico acerca de un incremento de las exportaciones que permita disponer de los dólares necesarios para importar más, pero advierte: “Estamos en un país interdependiente, interconectado, en un mundo interdependiente, comercialmente interconectado. No podemos salir de eso, porque se nos desarma toda la industria.

Como el resto de los referentes del sector, Loizzo enfatiza la necesidad de un diálogo fluido que permita resolver estas situaciones. De hecho, ya ha transcurrido más de un año desde la audiencia que el secretario Schale mantuvo con el CDA, en compañía del subsecretario de Política y Gestión Comercial, Alejandro Raúl Barrios, y el director nacional de Gestión Comercial, Guillermo Bormioli. “En esa reunión, nos dijeron que la intención era tener un comercio exterior administrado. Lo que nosotros queremos, lo que el mundo del comercio exterior quiere, es que nos digan de qué manera, para tener reglas claras y saber cómo manejarse. Pedimos previsibilidad”, afirma.

“No estamos planteando el apocalipsis, pero sí un problema cierto, y encontramos que se cierran cada vez más puertas. Cuando se cierra una puerta para proteger a uno que está de este lado de la frontera, también estamos perjudicando a otros que también están, a un sector muy importante. No solo los despachantes de aduana: los que importan, los que transportan, los estibadores, los que venden servicios, los operadores logísticos. Todos sufren el impacto negativo en su actividad laboral, que puede llegar hasta la pérdida del trabajo. Esto se resuelve con previsibilidad. Administrar significa que sepas qué se puede hacer, qué no y hasta dónde. No es una pelea de buenos contra malos ni de malos contra buenos. Todos vivimos en esta casa”, concluye.


Fuente: Revista CDA "Comercio Exterior"


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