Artículo escrito por el asesor del CDA, Corredactor del Código Aduanero, ley 22415 y modificaciones, Dr. Héctor G. Vidal Albarracín.

En una decisión que ha sacudido el mundo del comercio y la logística, el Gobierno ha emitido el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) n°70/23, eliminando el registro de los despachantes de aduana. Esta medida, aunque no lo expresa directamente, parece responder a una percepción generalizada sobre la profesión de los despachantes de aduana, que ha sido asociada erróneamente con la corrupción

Es imperativo detenernos a reflexionar sobre la razón detrás de esta opinión tan extendida. Es cierto que algunos despachantes de aduana han sido vinculados a prácticas corruptas, pero es un error gravísimo generalizar y estigmatizar a toda una profesión por los actos de unos pocos individuos. Es como decir que todos los políticos o los jueces son corruptos o que todos los militares son infieles, todos los legisladores o el Congreso es un nido de ratas. La generalización simplista no es el camino para combatir la corrupción.

Es cierto que se necesitan medidas para combatir la corrupción en las aduanas, pero eliminar a los despachantes de aduana no es la solución. Esto sería como matar al mensajero en lugar de abordar el problema de raíz. En lugar de eliminar a los despachantes, se deberían implementar controles más estrictos y una supervisión más rigurosa.

Además, la medida plantea la posibilidad de que terceros, que no son despachantes de aduana y no tienen ningún vínculo ni obligación con la aduana, puedan realizar trámites aduaneros. Esto abre la puerta a un nuevo tipo de intermediario, los llamados "Declarantes", que podrían tener aún más facilidades para corromper al servicio aduanero. Al no estar obligados a reportar operaciones inusuales y sospechosas a la UIF, podrían convertirse en el lavador ideal de dinero sucio.

¿Entonces, qué corresponde hacer? ¿Es acaso como en el juego de cartas, donde se dice "maldón" y se vuelve a dar? No tomar acción ante esta medida equivocada sería un "pecado de omisión" por parte del legislador, que debe ser denunciado y corregido, pues puede constituir “mala praxis legislativa”.

En conclusión, la revocación del registro de despachantes de aduana es una medida precipitada que no aborda eficazmente el problema de la corrupción en las aduanas. En lugar de eliminar a los despachantes, se deben implementar controles más rigurosos y medidas más efectivas para garantizar la transparencia y la integridad en el comercio internacional.