Informe a cargo de nuestro asesor y Coredactor del Código Aduanero (Ley 22.415), Dr. Guillermo Vidal Albarracín.
En una sorprendente movida gubernamental, el funcionario del gobierno actual ha provocado una ola de controversia al descalificar a todos los despachantes de aduana como corruptos y dictar el polémico Decreto n° 70/23. Esta medida, que elimina el registro de los despachantes aduaneros y crea la figura del declarante sin requerir idoneidad alguna en la materia, ha generado alarma y críticas generalizadas en diversos sectores.
La decisión del funcionario ha sido comparada con la temeraria conducta de generalizar, una práctica que, lejos de promover la justicia y la eficiencia, suele conllevar injusticias y consecuencias impredecibles. Esta postura se contrapone radicalmente a la sabia observación del célebre escritor G.K. Chesterton, quien luego de una estadía en Francia respondió a la pregunta sobre su opinión de los franceses con la cautelosa afirmación: "No sé, no los conozco a todos".
La generalización indiscriminada de un grupo profesional tan amplio como los despachantes de aduana resulta irresponsable y desinformada. Ignora la diversidad de individuos y prácticas dentro de esta profesión, así como el trabajo honesto y diligente de muchos de ellos. Además, la eliminación del requisito de idoneidad para ejercer como declarante aduanero plantea serias dudas sobre la integridad y eficiencia en el manejo de las operaciones aduaneras.
La medida, que se presenta como una supuesta solución a la corrupción en la aduana, podría tener efectos contraproducentes y desestabilizadores en el sistema comercial del país. La falta de criterio individualizado y la eliminación de controles adecuados aumentan el riesgo de prácticas fraudulentas y la entrada de mercancías ilegales, afectando no solo la economía, sino también la seguridad nacional.
Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad y en el ámbito internacional, han expresado su preocupación y han exigido una revisiónurgente del Decreto n° 70/23. Se espera que el gobierno escuche estas voces y rectifique esta polémica medida, priorizando el establecimiento de políticas basadas en la justicia, la transparencia y el respeto a la diversidad y el mérito individual.
En resumen, la temeraria conducta del funcionario que dictó el citado acto de gobierno evidencia la peligrosa tendencia a generalizar y la falta de consideración hacia las consecuencias de sus acciones. Es imperativo que se corrija este error antes de que sus repercusiones se vuelvan irreparables.
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